CONTRACTACIO DELS SERVEIS DE PROCURADORIA DELS TRIBUNALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I ENS DEPENDENTS DAVANT ELS ORGANS JURISDICCIONALS I ALTRES ORGANISMES PUBLICS AMB JURISDICCIO I COMPETENCIES A TOT EL TERRITORI DE L'ESTAT (001_26001500)

Contratación de servicios de procuraduría para la representación procesal del Ayuntamiento de Barcelona y sus entes dependientes ante los órganos jurisdiccionales y otros organismos públicos con jurisdicción y competencias en todo el territorio del Estado español. Esto incluye la asunción de funciones inherentes a la procuraduría en asuntos encomendados por la Dirección de los Servicios Jurídicos o personal autorizado, garantizando la adecuada defensa de los intereses municipales. El contrato también incorpora medidas de contratación pública sostenible, como el mantenimiento de las condiciones laborales de los ejecutores del servicio.

El contrato abarca la prestación de servicios de representación procesal y otras funciones inherentes a la procuraduría.

Actuaciones obligatorias:

• Informar a la Dirección de los Servicios Jurídicos, al Director/a del Área de lo Contencioso y a los letrados/as encargados de los procedimientos judiciales o administrativos, en un plazo máximo de 48 horas hábiles, sobre el estado y situación de los asuntos.
• Remitir traslados, notificaciones judiciales o administrativas y documentación anexa por vía telemática (correo electrónico) en un máximo de 24 horas hábiles desde su recepción, incluyendo una carátula identificativa.
• Realizar las gestiones necesarias para el buen trámito de los procedimientos y recabar información solicitada.
• Controlar plazos y señalamientos, con recordatorios por...

2026-07-19

La duración inicial del contrato es de 24 meses, a partir del día siguiente a la formalización. Se contempla la posibilidad de prórroga por un máximo de 24 meses adicionales, estableciendo una duración total máxima de 48 meses, incluyendo posibles prórrogas.

La prestación del servicio se desarrollará fuera de las dependencias municipales. Se exige que los licitadores dispongan de una oficina o medios materiales y personales permanentes en la ciudad de Madrid para garantizar la correcta prestación del servicio ante los órganos jurisdiccionales con sede en dicha ciudad (Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional y otros órganos centrales). (Provincia: Barcelona)